A comienzos de agosto, 15 días después del accidente ferroviario de Santiago de Compostela, en el que murieron 79 personas y resultaron heridas de graedad varias decenas, los responsables del Ministerio de Fomento, Adif y Renfe comparecieron en el parlamento para ocultar, bajo un velo tejido con decenas de detalles sin relación con el siniestro, su responsabilidad directa a la hora de solucionar las lagunas en la reglamentación y en los sistemas de señalización que permitieron que se desencadenase el descarrilamiento.
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