Frente al incumplimiento del Estado, grupos armados ligados al narcotráfico recurren al asesinato de campesinos e indígenas para amedrentar y ocupar territorios estratégicos. Los sitios donde están ocurriendo las masacres son, paradójicamente, aquellos donde se registra mayor presencia de fuerzas públicas. En 2017, según la ONU, se registraron 11 matanzas. En 2018 fueron 29 y el año pasado, 36. Los primeros ocho meses de 2020 revelan que el aumento es aún más pronunciado: las masacres ascienden a 46.