El objetivo oculto de esta nueva ley: la privatización de los servicios públicos de educación, el desvío de fondos públicos hacia los centros concertados de gestión mayoritariamente religiosa, la introducción de empresas privadas en los servicios prestados por los centros educativos y la utilización de los equipos directivos como policía política, al tener en sus manos la contratación o reprobación de tal o cual docente.