El principal problema de la norma, tal y como está planteada, es que no reconoce el derecho a la información como un derecho fundamental, como explica Anderica. Si el derecho no va acompañado de ese rango, tiene todas las de perder ante una estricta ley de protección de datos (la española es la más exigente del mundo, según Montero) y su ámbito de aplicación se limita a lo que marca la ley: administración general del estado y empresas financiadas con más del 50% de dinero público. El resto queda fuera, empezando por los partidos políticos, pese