Los artículos que La Vanguardia no ha querido publicar
La memoria no se conforma con la restitución del relato histórico en reportajes, libros, exposiciones y filmes. Ni con leyes, aparentemente bienintencionadas, que eximen al estado de las responsabilidades que tiene hacia el pasado. La memoria recurre al derecho pidiendo justicia. Así ha sido, y es, en Chile y en Argentina. Así es en España, que sigue el camino contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, tal como se ha ido trazando en América Latina. La persistencia de la memoria a hacer justicia respecto del pasado no se detiene con la inhabilitación de un juez, ni con el archivo de querellas, ni apelando al punto final que establece la ley de amnistía de 1977.
Los casos pendientes de desaparecidos de la guerra civil y el franquismo, se ha añadido una importante vía judicial en Argentina, con querellas por genocidio o crímenes de lesa humanidad cometidos en España, entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Además, y paralelamente, la Audiencia de Barcelona hace poco que ha tomado una decisión histórica: la justicia investigará, por primera vez, crímenes cometidos en la guerra civil, después de haber admitido a trámite una querella presentada por Otra Italia contra mandos del ejército italiano, los ataques aéreos contra la población civil de Barcelona entre 1937 y 1939.
Hace un año de la inhabilitación del juez Baltasar Garzón por prevaricación en el caso Gürtel, y de su absolución por haber investigado los crímenes del franquismo. La enorme repercusión mediática que tuvieron estos procesos contrasta con el silencio posterior sobre los 114.266 casos de crímenes de desaparición forzada (1.936-1951) que él había instruido, antes de inhibirse en favor de los tribunales territoriales. ¿Qué ha sido de estos procesos? Una investigación de Amnistía Internacional, 'Casos cerrados, heridas abiertas' (9 de mayo de 2012), concluye que los juzgados territoriales han archivado la mayor parte de los casos, generalmente con apoyo de las fiscalías y sin ninguna investigación. Además, no han notificado a las víctimas, de manera exhaustiva, que asumían los casos, ni que los archivaban, de manera que los han privado el derecho de ser escuchadas, o de presentar recurso.
Amnistía Internacional considera que el estado español incumple las obligaciones internacionales respecto del derecho de las víctimas a la justicia y también el deber de investigar los crímenes de derecho internacional cometidos durante la guerra civil y el franquismo. Por ello, la justicia española se basa en múltiples impedimentos del derecho interno: una errónea interpretación del principio de legalidad penal, la prescripción, la defunción de los culpables, la ley de amnistía y la ley de memoria histórica. ¿Por qué son argumentos erróneos? Las desapariciones forzadas son crímenes internacionales. Según el derecho internacional, no prescriben. Aunque no haya culpables vivos, la investigación penal obliga a establecer la verdad de los hechos. Además, por encima de todo, está el derecho de las víctimas de conocer la verdad, diga lo que diga la ley de amnistía. Cabe recordar que, hace un año, las Naciones Unidas pidieron a España que derogara esta ley de amnistía de 1977, pues incumplía la normativa internacional en materia de derechos humanos.
La querella argentina
A pesar de todo, en Argentina, la justicia hace un gran paso contra la impunidad del franquismo. La juez Servini de Cubría, acogiéndose al principio de jurisdicción universal, ha abierto una investigación a la que cada día se suman más querellas, incluidas una parte de las que se habían archivado en España. El proceso comenzó el 14 de abril de 2010 con dos querellas y, hasta hoy (enero de 2013), ha aumentado a 150. Amnistía Internacional aporta un dato importante. En 2010, la juez argentina preguntó en España si investigaban los crímenes del franquismo. En la respuesta, la fiscalía parece justificar que sí, pero como la inmensa mayoría de los casos han sido archivados sin investigar nada, AI afirma que la respuesta española no es cierta. Ana Messuti, abogada del equipo que lleva la querella argentina, confirma que el estado español no ha rectificado esta respuesta de la fiscalía, sino que la ha ratificado, y que la juez, en un segundo exhorto, solicitó datos concretos de víctimas y responsables: jueces, ministros, militares, guardias civiles, falangistas y funcionarios de más cuerpos del estado.
Ana Messuti es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde comenzó la carrera docente en filosofía del derecho. En 2011 se doctoró en la Universidad de Salamanca con una tesis sobre la obligación del estado de perseguir penalmente los crímenes internacionales (genocidios o crímenes contra la humanidad), que obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Ya ha recorrido buena parte de España para informar y reunir casos. Cuando le pregunto si en España, para las víctimas, las barreras sociales y psicológicas que hay que vencer son más difíciles que en su país, reflexiona: El tiempo no pasa en balde: la dictadura española ha tenido mucho más tiempo que no la argentina para dejar huellas más profundas tanto en el ámbito político como en el entramado social y en los individuos. Sí, creo que en España hubo y hay que vencer barreras más difíciles, es decir, más arraigadas, pero de ninguna manera insalvables. En muchos casos, tanto en Argentina como en España, pero tal vez más en este último, ha sido necesario que la necesidad de justicia sea transmitida de una generación a otra. Y muchas veces las generaciones siguientes enarbolan con más fuerza la lucha por la justicia, sienten más fuertemente la indignación por la injusticia que aquellos que la tuvieron que soportar. '
Según ella, estos son los perfiles básicos de los querellantes: las personas que se querellan por familiares que fueron asesinados por miembros de Falange, durante la primera época del alzamiento contra la República, sin juicio, simplemente rasgos de casa y asesinados, en muchos casos sin haber podido recuperar el cadáver. Asimismo, los familiares de quienes fueron sometidos a juicios sumarísimos de tribunales de guerra o el TOP, y condenados a largos años de prisión oa muerte. Algunos fueron víctimas de las 'sacas' (fueron sacados de prisión para ser asesinados), sin tener referencias de sus restos, muchos fusilados fueron vertidos en fosas comunes. Entre los condenados a muchos años de prisión, debemos incluir los sometidos a trabajos forzados, auténticos casos de esclavitud. También están las madres y padres de niños robados, que se han presentado individualmente o representados por asociaciones.
Del tardofranquismo, se presentan como querellantes los familiares de fusilados y asesinados, y los que han sido ellos mismos víctimas de prisión y torturas. La incorporación de estos últimos, las víctimas directas (tanto en asociaciones, como individualmente), ha sido determinante para completar el arco temporal de las querellas. 'Si bien la querella se presenta por un período bien delimitado (17 de julio de 1936 a 15 de junio de 1977), la victimización suele asociarse con la primera época, y muchos se olvidan de que hay muchas víctimas del franquismo tardío que todavía son relativamente jóvenes y que están muy presentes en la lucha social. No todo en la búsqueda de justicia en el estado español es remover el pasado ni abrir viejas heridas. Hay heridos que aún viven, las heridas de los que no han cicatrizado ', comenta Ana Messuti.
Víctimas del franquismo tardío
En abril de 2012, cuatro ex presos políticos viajaron a Buenos Aires para presentar querellas. Acudieron en nombre de la Comuna de Presos del Franquismo y de Goldatu, la homóloga vasca, integrada en la Plataforma Vasca para la Querella Contra los Crímenes del Franquismo. Los representantes son Manuel Blanco Chivite, ex-militante del FRAP, condenado a muerte, pena que le fue conmutada, en los procesos de los últimos fusilamientos de septiembre de 1975, José María Galante (ex-LCR), y los ex-miembros de ETA-VI Asamblea Sabin Arana y Josu Ibargutxi, uno de los veintinueve nueve protagonistas de la evasión de la cárcel de Segovia, en el año 1976.
Entre los cerca de cincuenta casos que entonces presentaron a la juez argentina, está el de la activista del MIL Salvador Puig Antich, ejecutado con garrote vil, en marzo 1974; Humberto Baena y dos militantes más del FRAP y los militantes de ETA Jon Paredes Manot, 'Txiki', y Otaegui, fusilados en septiembre de 1975; veinte de los llamados 'curas vascos de Zamora'; una serie de condenados del proceso de Burgos; Andoni Arrizabalaga, brutalmente torturado e indultado de la pena de muerte en 1969; los trabajadores asesinados y heridos en Vitoria en 1976, los marineros del barco Udondo (Bermeo, Vizcaya), los 42 tripulantes del que fueron fusilados en Ferrol, en 1937, sin juicio, los asesinatos en manifestaciones, o cuando fueron detenidos; las víctimas de los bombardeos y fusilamientos de San Sebastián, etc.
La implicación de esta generación de luchadores antifranquistas ha dado un impulso definitivo a la querella. Su presencia pone en evidencia los pactos de la transición y la impunidad establecida por la ley de amnistía, confirmada por la ley de la memoria, que únicamente declara los juicios franquistas de ilegítimos, sin que el estado haya de asumir responsabilidades. Ellos abogan por una investigación en profundidad y la derogación de la ley de amnistía. Jurídicamente, piden la anulación de los juicios de la dictadura y el procesamiento de los responsables de la represión franquista.
En apoyo a la querella se ha creado la red ciudadana AQUA, que ya reúne (enero de 2013) más de cincuenta organizaciones, desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y la Plataforma contra la Impunidad, pasando por CNT , CGT, CCOO, ATTAC, Ecologistas en Acción, etc .... Las personas que no se pueden presentar como querellantes pero quieren apoyar la iniciativa
Ya hay cinco mil adhesiones personales, y se han reunido unas mil más. Además, se adhiere el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, Madrid, y, en Euskal Herria, más de veinte instituciones forales y municipales: los ayuntamientos de Vitoria, Arrasate, Elgeta, Ondarroa, Eibar, Otxandio, San Sebastián , Errenteria, Lezo, Gernika, Irún, Bermeo, entre más, y las Juntas Generales de Guipúzcoa.
Los objetivos son, a corto plazo, que se cumplan las diligencias que se han solicitado: las declaraciones a través de videoconferencias, la recepción de denuncias en los consulados y la presentación de un escrito solicitando que determinadas personas sean encausadas . A largo plazo, que sean juzgados los autores de los crímenes.
Epílogo
Estos tres artículos se escribieron en enero de 2013. Desde entonces, han pasado cosas bastante significativas. A Vilaweb, encontrará la actualización del proceso:
A grandes rasgos: ha aumentado considerablemente el número de querellas y de adhesiones, tanto personales como de colectivos. Se ha presentado a la justicia argentina una lista de encausados. El estado español ha impedido, dos veces, que la jueza argentina pueda tomar declaración a los querellantes, por videoconferencia. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno español que no ponga obstáculos. ERC, Izquierda Plural, Amaiur y BNG piden explicaciones del ministro de Asuntos Exteriores español en el congreso. En Cataluña, ha crecido el apoyo a la querella. Los ayuntamientos de Rubí y de Arenys de Munt ya han aprobado mociones de apoyo. ERC ha anunciado que presenta el caso de Lluís Companys y el de cuarenta y cuatro alcaldes del partido fusilados después de la guerra. También ha manifestado que pondrá a votación, a todos los ayuntamientos, una moción de apoyo a la vía judicial argentina contra la dictadura.
Nota del autor: Este artículo, aceptado por el Consejo Asesor del suplemento Cultura / s de La Vanguardia, del que yo formaba parte desde 2002, se había de publicar febrero-marzo pasado, cuando se cumplía un año de la inhabilitación de Garzón. Debían ser cuatro páginas del dossier de apertura.
Después de tres meses de silencio, la dirección de La Vanguardia ha comunicado la negativa de publicarlo, pero se ha ofrecido a pagarlo. No he aceptado de cobrar por no publicar una información, después de haberme comprometido con los protagonistas y haberlos entrevistados.
Entendiendo que trata de una cuestión de máxima actualidad y que, a pesar del tiempo pasado, es vigente del todo, la ofrecemos ahora a los lectores.
Comentarios
Los artículos que La Vanguardia no ha querido publicar
La memoria no se conforma con la restitución del relato histórico en reportajes, libros, exposiciones y filmes. Ni con leyes, aparentemente bienintencionadas, que eximen al estado de las responsabilidades que tiene hacia el pasado. La memoria recurre al derecho pidiendo justicia. Así ha sido, y es, en Chile y en Argentina. Así es en España, que sigue el camino contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, tal como se ha ido trazando en América Latina. La persistencia de la memoria a hacer justicia respecto del pasado no se detiene con la inhabilitación de un juez, ni con el archivo de querellas, ni apelando al punto final que establece la ley de amnistía de 1977.
Los casos pendientes de desaparecidos de la guerra civil y el franquismo, se ha añadido una importante vía judicial en Argentina, con querellas por genocidio o crímenes de lesa humanidad cometidos en España, entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Además, y paralelamente, la Audiencia de Barcelona hace poco que ha tomado una decisión histórica: la justicia investigará, por primera vez, crímenes cometidos en la guerra civil, después de haber admitido a trámite una querella presentada por Otra Italia contra mandos del ejército italiano, los ataques aéreos contra la población civil de Barcelona entre 1937 y 1939.
Hace un año de la inhabilitación del juez Baltasar Garzón por prevaricación en el caso Gürtel, y de su absolución por haber investigado los crímenes del franquismo. La enorme repercusión mediática que tuvieron estos procesos contrasta con el silencio posterior sobre los 114.266 casos de crímenes de desaparición forzada (1.936-1951) que él había instruido, antes de inhibirse en favor de los tribunales territoriales. ¿Qué ha sido de estos procesos? Una investigación de Amnistía Internacional, 'Casos cerrados, heridas abiertas' (9 de mayo de 2012), concluye que los juzgados territoriales han archivado la mayor parte de los casos, generalmente con apoyo de las fiscalías y sin ninguna investigación. Además, no han notificado a las víctimas, de manera exhaustiva, que asumían los casos, ni que los archivaban, de manera que los han privado el derecho de ser escuchadas, o de presentar recurso.
Amnistía Internacional considera que el estado español incumple las obligaciones internacionales respecto del derecho de las víctimas a la justicia y también el deber de investigar los crímenes de derecho internacional cometidos durante la guerra civil y el franquismo. Por ello, la justicia española se basa en múltiples impedimentos del derecho interno: una errónea interpretación del principio de legalidad penal, la prescripción, la defunción de los culpables, la ley de amnistía y la ley de memoria histórica. ¿Por qué son argumentos erróneos? Las desapariciones forzadas son crímenes internacionales. Según el derecho internacional, no prescriben. Aunque no haya culpables vivos, la investigación penal obliga a establecer la verdad de los hechos. Además, por encima de todo, está el derecho de las víctimas de conocer la verdad, diga lo que diga la ley de amnistía. Cabe recordar que, hace un año, las Naciones Unidas pidieron a España que derogara esta ley de amnistía de 1977, pues incumplía la normativa internacional en materia de derechos humanos.
La querella argentina
A pesar de todo, en Argentina, la justicia hace un gran paso contra la impunidad del franquismo. La juez Servini de Cubría, acogiéndose al principio de jurisdicción universal, ha abierto una investigación a la que cada día se suman más querellas, incluidas una parte de las que se habían archivado en España. El proceso comenzó el 14 de abril de 2010 con dos querellas y, hasta hoy (enero de 2013), ha aumentado a 150. Amnistía Internacional aporta un dato importante. En 2010, la juez argentina preguntó en España si investigaban los crímenes del franquismo. En la respuesta, la fiscalía parece justificar que sí, pero como la inmensa mayoría de los casos han sido archivados sin investigar nada, AI afirma que la respuesta española no es cierta. Ana Messuti, abogada del equipo que lleva la querella argentina, confirma que el estado español no ha rectificado esta respuesta de la fiscalía, sino que la ha ratificado, y que la juez, en un segundo exhorto, solicitó datos concretos de víctimas y responsables: jueces, ministros, militares, guardias civiles, falangistas y funcionarios de más cuerpos del estado.
Ana Messuti es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde comenzó la carrera docente en filosofía del derecho. En 2011 se doctoró en la Universidad de Salamanca con una tesis sobre la obligación del estado de perseguir penalmente los crímenes internacionales (genocidios o crímenes contra la humanidad), que obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Ya ha recorrido buena parte de España para informar y reunir casos. Cuando le pregunto si en España, para las víctimas, las barreras sociales y psicológicas que hay que vencer son más difíciles que en su país, reflexiona: El tiempo no pasa en balde: la dictadura española ha tenido mucho más tiempo que no la argentina para dejar huellas más profundas tanto en el ámbito político como en el entramado social y en los individuos. Sí, creo que en España hubo y hay que vencer barreras más difíciles, es decir, más arraigadas, pero de ninguna manera insalvables. En muchos casos, tanto en Argentina como en España, pero tal vez más en este último, ha sido necesario que la necesidad de justicia sea transmitida de una generación a otra. Y muchas veces las generaciones siguientes enarbolan con más fuerza la lucha por la justicia, sienten más fuertemente la indignación por la injusticia que aquellos que la tuvieron que soportar. '
Según ella, estos son los perfiles básicos de los querellantes: las personas que se querellan por familiares que fueron asesinados por miembros de Falange, durante la primera época del alzamiento contra la República, sin juicio, simplemente rasgos de casa y asesinados, en muchos casos sin haber podido recuperar el cadáver. Asimismo, los familiares de quienes fueron sometidos a juicios sumarísimos de tribunales de guerra o el TOP, y condenados a largos años de prisión oa muerte. Algunos fueron víctimas de las 'sacas' (fueron sacados de prisión para ser asesinados), sin tener referencias de sus restos, muchos fusilados fueron vertidos en fosas comunes. Entre los condenados a muchos años de prisión, debemos incluir los sometidos a trabajos forzados, auténticos casos de esclavitud. También están las madres y padres de niños robados, que se han presentado individualmente o representados por asociaciones.
Del tardofranquismo, se presentan como querellantes los familiares de fusilados y asesinados, y los que han sido ellos mismos víctimas de prisión y torturas. La incorporación de estos últimos, las víctimas directas (tanto en asociaciones, como individualmente), ha sido determinante para completar el arco temporal de las querellas. 'Si bien la querella se presenta por un período bien delimitado (17 de julio de 1936 a 15 de junio de 1977), la victimización suele asociarse con la primera época, y muchos se olvidan de que hay muchas víctimas del franquismo tardío que todavía son relativamente jóvenes y que están muy presentes en la lucha social. No todo en la búsqueda de justicia en el estado español es remover el pasado ni abrir viejas heridas. Hay heridos que aún viven, las heridas de los que no han cicatrizado ', comenta Ana Messuti.
Víctimas del franquismo tardío
En abril de 2012, cuatro ex presos políticos viajaron a Buenos Aires para presentar querellas. Acudieron en nombre de la Comuna de Presos del Franquismo y de Goldatu, la homóloga vasca, integrada en la Plataforma Vasca para la Querella Contra los Crímenes del Franquismo. Los representantes son Manuel Blanco Chivite, ex-militante del FRAP, condenado a muerte, pena que le fue conmutada, en los procesos de los últimos fusilamientos de septiembre de 1975, José María Galante (ex-LCR), y los ex-miembros de ETA-VI Asamblea Sabin Arana y Josu Ibargutxi, uno de los veintinueve nueve protagonistas de la evasión de la cárcel de Segovia, en el año 1976.
Entre los cerca de cincuenta casos que entonces presentaron a la juez argentina, está el de la activista del MIL Salvador Puig Antich, ejecutado con garrote vil, en marzo 1974; Humberto Baena y dos militantes más del FRAP y los militantes de ETA Jon Paredes Manot, 'Txiki', y Otaegui, fusilados en septiembre de 1975; veinte de los llamados 'curas vascos de Zamora'; una serie de condenados del proceso de Burgos; Andoni Arrizabalaga, brutalmente torturado e indultado de la pena de muerte en 1969; los trabajadores asesinados y heridos en Vitoria en 1976, los marineros del barco Udondo (Bermeo, Vizcaya), los 42 tripulantes del que fueron fusilados en Ferrol, en 1937, sin juicio, los asesinatos en manifestaciones, o cuando fueron detenidos; las víctimas de los bombardeos y fusilamientos de San Sebastián, etc.
La implicación de esta generación de luchadores antifranquistas ha dado un impulso definitivo a la querella. Su presencia pone en evidencia los pactos de la transición y la impunidad establecida por la ley de amnistía, confirmada por la ley de la memoria, que únicamente declara los juicios franquistas de ilegítimos, sin que el estado haya de asumir responsabilidades. Ellos abogan por una investigación en profundidad y la derogación de la ley de amnistía. Jurídicamente, piden la anulación de los juicios de la dictadura y el procesamiento de los responsables de la represión franquista.
En apoyo a la querella se ha creado la red ciudadana AQUA, que ya reúne (enero de 2013) más de cincuenta organizaciones, desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y la Plataforma contra la Impunidad, pasando por CNT , CGT, CCOO, ATTAC, Ecologistas en Acción, etc .... Las personas que no se pueden presentar como querellantes pero quieren apoyar la iniciativa
Ya hay cinco mil adhesiones personales, y se han reunido unas mil más. Además, se adhiere el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, Madrid, y, en Euskal Herria, más de veinte instituciones forales y municipales: los ayuntamientos de Vitoria, Arrasate, Elgeta, Ondarroa, Eibar, Otxandio, San Sebastián , Errenteria, Lezo, Gernika, Irún, Bermeo, entre más, y las Juntas Generales de Guipúzcoa.
Los objetivos son, a corto plazo, que se cumplan las diligencias que se han solicitado: las declaraciones a través de videoconferencias, la recepción de denuncias en los consulados y la presentación de un escrito solicitando que determinadas personas sean encausadas . A largo plazo, que sean juzgados los autores de los crímenes.
Epílogo
Estos tres artículos se escribieron en enero de 2013. Desde entonces, han pasado cosas bastante significativas. A Vilaweb, encontrará la actualización del proceso:
A grandes rasgos: ha aumentado considerablemente el número de querellas y de adhesiones, tanto personales como de colectivos. Se ha presentado a la justicia argentina una lista de encausados. El estado español ha impedido, dos veces, que la jueza argentina pueda tomar declaración a los querellantes, por videoconferencia. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno español que no ponga obstáculos. ERC, Izquierda Plural, Amaiur y BNG piden explicaciones del ministro de Asuntos Exteriores español en el congreso. En Cataluña, ha crecido el apoyo a la querella. Los ayuntamientos de Rubí y de Arenys de Munt ya han aprobado mociones de apoyo. ERC ha anunciado que presenta el caso de Lluís Companys y el de cuarenta y cuatro alcaldes del partido fusilados después de la guerra. También ha manifestado que pondrá a votación, a todos los ayuntamientos, una moción de apoyo a la vía judicial argentina contra la dictadura.
Nota del autor: Este artículo, aceptado por el Consejo Asesor del suplemento Cultura / s de La Vanguardia, del que yo formaba parte desde 2002, se había de publicar febrero-marzo pasado, cuando se cumplía un año de la inhabilitación de Garzón. Debían ser cuatro páginas del dossier de apertura.
Después de tres meses de silencio, la dirección de La Vanguardia ha comunicado la negativa de publicarlo, pero se ha ofrecido a pagarlo. No he aceptado de cobrar por no publicar una información, después de haberme comprometido con los protagonistas y haberlos entrevistados.
Entendiendo que trata de una cuestión de máxima actualidad y que, a pesar del tiempo pasado, es vigente del todo, la ofrecemos ahora a los lectores.
X. M.