El 22 de enero de 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó a la Administración andaluza a proporcionar al Sindicato Andaluz de Funcionarios la documentación requerida, consistiendo esta en, entre otras cuestiones, una relación de plazas vacantes y desdotadas existentes, todo ello "para permitir el ejercicio del derecho a la libertad sindical. Meses después, la organización sindical sigue sin tener la documentación necesaria, ni acceso a la misma.
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