Esto ya es de por sí grave porque pone en bandeja a las autoridades políticas –y no judiciales, que no se nos olvide- la posibilidad de cerrar una Web con la excusa de enlazar no ya a un contenido ilegal, sino a una página que a su vez contenga enlaces ilícitos. Pero la guinda de la infamia en esta ley la pone el hecho de que a partir de ahora se podrá pedir por vía civil la identificación de un usuario. Es decir, ya no tendrá que ser un juez quien autorice desvelar parcialmente el secreto de las telecomunicaciones por el indicio de un delito