Un informe preparado por legisladores dice que Arkansas paga unos 170 millones de dólares al año para educar, encarcelar y proveer servicios a inmigrantes: apenas una fracción, de acuerdo con otro estudio, de lo que éstos contribuyen a la economía del estado. En el sistema judicial, los indocumentados representaron un pequeño porcentaje de los costos totales.
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