El derecho a la huelga está ahí, indudable y no hay nada más importante para realizar presión por parte de los trabajadores, pero los acuerdos de los servicios mínimos en el caso de empresas públicas o servicios de primera necesidad también y deben ser de cumplimiento obligatorio. El problema es que estos incumplimientos no pasarán de un mero expediente administrativo con pocas consecuencias cuando se han perjudicado a dos millones de personas.
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