El diputado de hacienda indicó que en los 6 primeros meses se ha duplicado el número de expedientes remitidos a los tribunales tras apreciar pruebas de posible delito fiscal. Para que una actuación de fraude pueda considerarse delito el importe defraudado tiene que superar los 120.000 euros. Los diez expedientes enviados suman 3 millones de euros, lo que supone una media de 300.000 euros. También le ha llamado la atención la a presencia de algunos expedientes vinculados a profesionales del ámbito del derecho.
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