La reforma del Código Penal que pretende poner en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy también contempla eliminar el concepto de explotación sexual y condicionar el castigo de la misma a que la víctima tenga que demostrar ese régimen de esclavitud. El texto del anteproyecto que fue presentado en abril plantea reformar el artículo 188 de la norma hoy en vigor, que establece que será penado con cuatro años y multa de 12 a 24 meses "el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma".
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