Los firmantes analizan la "validez jurídica y legitimidad" de la decisión adoptada por la Ejecutiva regional del PSOE-A y concluyen que no han sido respetadas las "normas reguladoras" del partido ni las aplicables a las fuerzas políticas en general, por lo que piden a la dirección federal que suspenda un proceso que, tal y como está planteado, consideran "dañino" para el PSOE.