En concreto, estos colectivos critican que es "incompatible" desde el punto de vista "moral y jurídico" ostentar al mismo tiempo los cargos de rector de la UMU, de miembro del Consejo Jurídico de la Región y consejero de CAJAMURCIA, lo que defienden amparándose en la Ley 5/94 de 1 de agosto del Estatuto Regional de la Actividad Política y la Ley 2/97 de 19 de mayo que regula el Consejo Jurídico.