El Estado ha iniciado los trámites para exigir a las hidroeléctricas parte de la electricidad que producen con saltos de agua de los que disfrutan, fruto de concesiones públicas que, en algún caso, se remontan a hace casi un siglo. La Administración quiere hacer valer de esta forma una cláusula que acompañaba a esos contratos de concesión, con la que el Estado se reservaba el derecho a recibir parte de la energía generada con la fueraza del agua
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