Por todo ello, ve "inaceptable" que el Ministerio de Exteriores que dirige José Manuel García-Margallo se niegue "con una excusa meramente formal" a dar trámite a esta petición y le ha pedido que aclare si "desde un punto de vista del derecho internacional se puede permitir que empresas privadas, al servicio de un gobierno extranjero intervengan las comunicaciones de los ciudadanos españoles en territorio español".
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