En una decisión sorprendente y poco habitual, un juzgado de Granada ha pedido a la Policía Local de Granada que inmovilice los coches oficiales de la delegada del Gobierno andaluz y el del delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. El objetivo judicial es proceder al embargo de los vehículos y pagar a víctimas de lesiones los 14.000 euros que debía abonarles la Junta de Andalucía en concepto de responsabilidad civil y no lo ha hecho dos años después del fallo judicial que así lo ordenaba.
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