Un inspector del Defensor del Pueblo, que acudió por sorpresa a un centro de menores de Galapagar (Madrid), descubrió la presencia de amarres y cuerdas de sujeción en las camas, así como que los chicos estaban medicados en exceso sin haber recibido información acerca de los fármacos que se les suministraba, han informado fuentes de este organismo.