Dos opciones. O se ha perdido o la han perdido, porque existir sí que existió.En junio de 1991, la dirección provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en un extenso informe, gracias al cual fue sancionado Julián Martínez García, delegado de la Junta de Andalucía en Madrid y pareja de la ex ministra Aído, que había contratado a cinco buzos profesionales para efectuar una prospección arqueológica submarina. El problema es que ni los contrató oficialmente ni pagó la Seguridad Social,
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