El sistema constitucional occidental se asienta en la jerarquía de normas. Por encima del todo está la Constitución, aprobada por la ciudadanía en referéndum. En un segundo escalón la ley, aprobada por las Cortes, que son elegidas directamente por los ciudadanos. Y, en tercer lugar, el reglamento, aprobado por el Gobierno, que es elegido por las Cortes. Sin embargo, nuestra Constitución establece una serie de excepciones. Una de estas excepciones es el decreto-ley.
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Esto se arregla quitando a la casta de las poltronas.
Otra de las excepciones es no hacer ni puto caso a la iniciativa legislativa popular.