Los servicios judiciales investigan a medio centenar de ayuntamientos españoles en los que se podrían haber cometido delitos de corrupción, en su mayor parte debido a operaciones urbanísticas, que afectan a más de 800 personas imputadas, entre políticos, funcionarios y empresarios. Las comunidades autónomas donde se concentra el mayor número de estos delitos son Andalucía, Canarias y Madrid, que suman entre las tres más de 500 imputados por tramas de corrupción política.
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