Es consecuencia de la circular de la dirección territorial de Correos a sus oficinas en la provincia en la que ordenaba la suspensión de los servicios postales y telegráficos de varios departamentos, fundamentalmente en Bienestar Social y Hacienda. El escrito recalcaba que sólo se prestarían servicios previo pago. Las conselleries siguen sin abonar su deuda con Correos y el caos amenaza con apoderarse de algunos centros de trabajo donde las cartas se apilan en las mesas.
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