Tras conocerse que el Gobierno español, tras retirar la asistencia sanitaria ordinaria a los inmigrantes irregulares a partir del día 31, ha pensado ofrecérsela de nuevo siempre que desembolsen una cantidad de dinero -59’20 euros al mes los menores de 65 años, 155’4 euros al mes los mayores de esa edad- la Coordinadora Estatal de VIH-sida (CESIDA) ha vuelto a manifestar su preocupación y a advertir de los riesgos para la salud pública que supone la exclusión del sistema sanitario de este grupo de población.
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