En la aplicación de las nuevas directivas de la UE en cuanto a la liberalización del ferrocarril, se segregó a la infraestructura ferroviaria cediendo esta al Administrador de Infraestructuras y dejando a la principal; y única; operadora ferroviaria, la explotación de los ferrocarriles sobre la red existente. Uno de los pasos iniciales en este proceso de liberalización del sector fue la imposición de un cánon que el administrador de infraestructuras ferroviarias cobraría inicialmente a Renfe Operadora.