La Generalitat valenciana pagó en 2005 al arquitecto Santiago Calatrava 2,5 millones de euros por redactar el anteproyecto de unos rascacielos que no se harán y cuya viabilidad ya discutió entonces la propia Sindicatura [Cámara] de Cuentas autonómica. Adjudicado a dedo por un importe total de 15 millones de euros, el contrato se firmó el 14 de septiembre de 2005. Es decir, diez meses después de que Calatrava hubiera anunciado con Francisco Camps la construcción de esos mismos rascacielos, planeados sobre una parcela sujeta a litigio judicial
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