Si observamos la ley publicada y centrándonos únicamente en la parte del derecho de acceso a la información pública, además de contar con una larga lista de limitaciones, ponderación de derechos y restricciones a la normativa de protección de datos, estableciéndose los consentimientos expresos y por escrito para los datos especialmente protegidos, el ciudadano que quiera ejercerlo se verá sumergido en burocracia en su mejor versión