La apertura del expediente tienen como objetivo garantizar que España realice las reformas necesarias para que su economía pueda volver a crecer de forma equilibrada y es la contrapartida a la concesión de dos años más, hasta el 2016, para reducir el déficit público al 3% del producto interior bruto (PIB). La decisión acabará de colocar bajo tutela europea a España, aunque el Gobierno nunca haya pedido el rescate.
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