Las dos claves del conflicto se centran en la privatización del servicio, que es el punto por el que los controladores han intentado un 'golpe de estado', y el convenio del colectivo, un nudo gordiano que ató en 1999 el ministro de Aznar, Francisco Álvarez Cascos a base de unos privilegios descomunales. El Gobierno va a tener que recurrir a fórmulas imaginativas si no quiere ser llevado al Constitucional al tratar de modificar un convenio laboral. Durante el gobierno de José María Aznar, Álvarez Cascos firmó un acuerdo millonario.
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