Como es sabido, el Pacto Fiscal supone una medida disciplinaria para los estados firmantes, a los que sustrae su soberanía nacional –los parlamentos dejan de tener el control de los presupuestos del estado– y priva, anclando la medida en su constitución, de llevar a cabo medidas expansivas, convirtiendo las políticas keynesianas, como han apuntado ya numerosos analistas, en un delito. El Pacto Fiscal bloquea, por lo tanto, todas las salidas a la crisis menos una: la austeridad presupuestaria.
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