Cuando pensamos en la brutal crisis que azotó España en aquella mitad de los 2000 en adelante, siempre nos vienen a la cabeza los mismos culpables: bancos chupasangre que ocultaban información a los clientes, malvados constructores que sobornaban a políticos corruptos para cometer atrocidades urbanísticas, esos políticos sanguijuela y, no lo ocultemos, aquellos pardillos que algún iluminado llamó "NINJAs" y que (pobres ignorantes) fueron el eslabón final de aquella cadena de engaños y malas prácticas que acabó como el rosario de la aurora.
Sin embargo, en esa cadena siempre nos olvidamos de un eslabón de vital importancia, al menos en España. Uno que, de no haber estado involucrado, habría hecho imposible que el timo durase años y años. Unos funcionarios del Estado que fueron cómplices necesarios en la comisión de un delito como el pago de cantidades en "B" a la hora de firmar una escritura. Funcionarios que, omitiendo su deber de informar debidamente de los contenidos de los contratos, cláusulas y tablas de amortización, dirigieron a los pardillos hacia hipotecas impagables ante cualquier tosecilla de la economía.
¿Y por qué haría algo así un funcionario público? Pues hombre, está claro: su salario depende del número de firmas que haga en los papelitos que comprador y vendedor presenten para dar fe, por lo que a más papelitos, más dinero.
¿Y cómo de olvidado ha sido este eslabón? Pues bastante. Hemos visto entidades financieras arrasadas por la exposición al ladrillo, rescates milmillonarios por parte del Estado, políticos en la cárcel por sobornos, igual que los constructores que llenaban esos sobres...y si hablamos de los pardillos, ahora los hay que habitan cementerios y otros están debajo de un puente. ¿Notarios detenidos, expropiados o simplemente apartados de su puesto? Busquen, busquen...igual encuentran alguno. O igual no.