La condición de espacio protegido supone una enorme limitación para los territorios a los que afecta, tanto en lo que se refiere a la propiedad como a cualquier actividad que pretenda desarrollarse en su ámbito. Las limitaciones abarcan, desde la declaración de utilidad pública a los efectos expropiatorios de todo el territorio, hasta el reconocimiento a favor de la Administración de un derecho de retracto, en cualquier compraventa que se realice del terreno.