Montoro fue alertado de una actuación judicial del caso Pokemon: “Mañana Vigilancia Aduanera hará registros”
epe.esEl exministro de Hacienda recibió información sobre decisiones de la jueza: "Ha emitido diversos oficios en los que solicita la aportación de la cuenta de tesorería del PP en diversas localidades. Entre hoy y mañana se procederá a entregar estos oficios”, especifica un correo.
#1 Es tan interesante que voy a hacer esta excepción:
""""Tras la desconcertante crisis personal experimentada por Pedro Sánchez durante la pasada semana, España aguarda expectante el anuncio de medidas concretas para frenar el lawfare. Quienes niegan la existencia de estas prácticas antidemocráticas están ya, sin fundamento, poniendo el grito en el cielo por lo que supuestamente vendrá. Quienes, por el contrario, sabemos que supone un grave problema para el funcionamiento de nuestra democracia, tenemos la esperanza de que se actúe con decisión.
Hasta ahora, la atención se ha centrado en el Consejo General del Poder Judicial. Es comprensible, tras más de cinco años de bloqueo auspiciado por el PP, el ambiente en el tercer poder del Estado se ha vuelto irrespirable. Con los vocales del Consejo haciendo política descaradamente, mientras un grupúsculo de jueces activistas se esfuerza en revertir el resultado de las urnas a golpe de sentencia, el prestigio de la magistratura atraviesa uno de los peores momentos de su historia.
Pero, en lo que al lawfare se refiere, la renovación del CGPJ no es la única solución posible. De hecho, supone un abordaje indirecto del problema. Al fin y al cabo, estamos hablando de un órgano de naturaleza administrativa, que, si bien es cierto controla el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre jueces y magistrados, no dicta resoluciones judiciales. El Consejo puede amparar, tal y como viene haciendo, el ejercicio del lawfare por parte de algunos miembros del Poder Judicial, pero no practicarlo por sí mismo. Por eso, su renovación pondrá más difícil a los jueces activistas hacer política desde el estrado, exponiéndoles a sanciones u obstaculizando su ascenso, pero no acabará por completo con la posibilidad de que sigan instrumentalizando la Justicia para atacar a sus rivales ideológicos. Desbloquear la renovación de este órgano constitucional supone, sin duda, un imperativo constitucional indispensable para normalizar la situación del Poder Judicial, pero no solventará per se el problema del lawfare.
Existen, no obstante, otras medidas menos conocidas por la opinión pública que en su conjunto podrían poner coto a la instrumentalización política de los procesos judiciales, con la ventaja de servir, además, para modernizar nuestra Justicia, adecuarla a los estándares internacionales y homologar nuestro sistema judicial al de los países de nuestro entorno. A continuación, se plantean cuatro de ellas que, por su obviedad y concreción, resultan particularmente indicadas:
Primera: la superación de la figura del juez de instrucción en favor del fiscal investigador y el juez de garantías. El código legislativo que regula nuestro proceso penal, la LECrim, tiene casi 150 años, se encuentra totalmente obsoleto e impone un sistema de enjuiciamiento superado en la práctica totalidad de países del mundo. En el centro de esta construcción procesal decimonónica se encuentra la figura del juez de instrucción, que es quien a día de hoy impulsa, de oficio, la investigación de los delitos. Encomendar la investigación penal a un órgano judicial y no al fiscal supone, además de un anacronismo, la principal puerta de entrada al lawfare.
Actualmente, en España, un juez instructor puede, sin necesidad de que nadie se lo pida, iniciar un proceso contra cualquier persona y, en el marco del mismo, decidir sin cortapisas que hechos son los que desea investigar. Si luego la cosa queda en nada o nadie llega nunca a sostener una acusación contra esa persona, la causa se archiva por el propio juez y el daño reputacional queda hecho…
Estamos ante una quiebra del principio acusatorio tan difícil de justificar que incluso la UE nos ha obligado a prescindir de esta figura en los casos donde conoce la Fiscalía Europea. De hecho, su disfuncionalidad ha sido reconocida expresamente tanto por el PP como por el PSOE, que ya en 2001 acordaron mediante un gran Pacto de Estado para la Justicia renovar el modelo y atribuir la investigación al fiscal bajo la tutela de un juez de garantías; que en vez de indagar vela por el respeto a los derechos de las partes. Esa fue precisamente la propuesta que hizo el ministro Ruiz Gallardón en 2013, cuando presentó su borrador de Código Procesal Penal, elaborado bajo la dirección del magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena. Hoy, sin embargo, los populares parecen haber olvidado su compromiso histórico con la modernización de nuestra justicia penal. Saben, como todos, que superar de una vez por todas la figura del instructor evitaría en buena medida la indeseable judicialización de la política.
Segunda: Regular el ejercicio de la acción popular. Nuestro sistema jurídico es el único del mundo que permite ejercer la acusación penal a cualquier persona, física o jurídica, pese a no ser víctima ni afectada por el delito cuyo castigo se solicita. Esta singularidad está consagrada en el artículo 125 de la Constitución como una forma de participación ciudadana en la Administración de Justicia, pero no se encuentra suficientemente regulada en la ley, lo que ha dado lugar a su utilización torticera por parte de partidos políticos y entidades opacas como Manos Limpias. El histórico de querellas sin fundamento presentadas para desprestigiar a personajes públicos bajo la forma de acusación popular es largo. Y, al igual que ocurre con la iniciación de oficio por parte del instructor, puede que el proceso finalmente no prospere, pero una vez presentada la querella, el daño reputacional está hecho. Regular de forma razonable esta institución, estableciendo límites lógicos y consecuencias para quienes abusan de ella, resulta fundamental de cara a garantizar así que sirva a su propósito original.
Tercera: Recuperar la responsabilidad civil de jueces y magistrados por sus propios actos. Cuando un órgano judicial perjudica injustificadamente a alguien, se producen dos tipos de responsabilidad: objetiva y subjetiva. La objetiva es del Estado como último responsable del funcionamiento de la Administración de Justicia; la subjetiva es de los concretos jueces que dictaron indebidamente la resolución perjudicial. Dentro de la responsabilidad subjetiva puede distinguirse, a su vez, entre la disciplinaria, que dirime el CGPJ; la penal, que tiene lugar cuando la actuación de juez o magistrado es, además, constitutiva de delito y la civil, que tiene que ver con la obligación general de reparar el daño causado por parte de quien lo causa. Es decir, el juez responde como juez ante el gobierno del Poder Judicial; como ciudadano ante la sociedad y como particular ante quien perjudica. Por eso, debería indemnizar con su propio patrimonio cuando produce, a sabiendas o negligentemente, un daño injusto mediante sus resoluciones.
Así era al menos hasta 2015, momento en que el gobierno de Mariano Rajoy, a través de la Ley Orgánica 7/2015, eximió a la judicatura de la responsabilidad civil sobre sus propios actos. Desde ese día, a diferencia del resto de trabajadores públicos y privados, los miembros del Poder Judicial no responderán con su patrimonio de los daños que puedan causar por su mala praxis, a no ser que sea constitutiva de delito y así se demuestre. La recuperación de esta forma de responsabilidad que fue eliminada sin justificación alguna podría jugar un importante papel en los casos de lawfare.
Cuarta: Transformar los juzgados en tribunales de instancia. Que, tal y como pasa a día de hoy, los jueces recién incorporados a la carrera judicial decidan individualmente sobre las primeras etapas del proceso, contrasta con el hecho de que sus colegas más experimentados lo hagan de forma colegiada dentro de las salas de justicia de la audiencias y tribunales. Es más fácil que un juez que decide en solitario cometa excesos o pueda servir a intereses espurios, que lo haga un tribunal al completo. Por eso, imitar los modelos organizativos de otros países europeos como Francia e integrar los órganos unipersonales en tribunales colegiados, donde unos jueces controlan a otros, permitiría aportar transparencia y seguridad a sus decisiones.
A estas cuatro medidas, deberían sumarse además otras de carácter estructural, como la reforma de las vías de acceso a la carrera judicial o el establecimiento de más y mejores mecanismos de participación ciudadana en la Administración de Justicia. Porque, si algo evidencia la situación actual, es que, para preservar la democracia, resulta necesario acometer una reforma integral sobre nuestro sistema de justicia. El lawfare no solo consecuencia de la contaminación política que sufren ciertos jueces. Buena parte del problema reside en las deficiencias que arrastra el Estado liberal y la obsolescencia de los mecanismos de control interno en que se fundamenta. Utilicemos el impulso que nos da esta toma de conciencia para regenerar el sistema constitucional y proponer soluciones distintas a las planteadas hasta el momento.""""
#41 El que firma el artículo, cuñao, es Profesor de Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, abogado y consultor jurídico internacional y conoce las principales diferencias de cómo se abren las causas de instrucción en la justicia española y en la justicia foránea. Por eso es una voz autorizada para describir perfectamente qué puntos débiles tiene nuestra justicia.
Precisamente, cuando lees estos artículos, sin ser abogado o juez, comprendes perfectamente que la justicia española es un puto cachondeo con más agujeros y puertas traseras que los sistemas operativos yanquis y que ha sido hackeada por escoria, gentuza y criminales como Manos Limpias, Hazte Oír y los abogados que defienden a esa organización de delincuentes que es el PP.
#43 Es que el que ha escrito el artículo es Profesor de Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, abogado y consultor jurídico internacional.
Una persona experta que conoce a la perfección los entresijos de la justicia y cuáles son sus puntos débiles.
Precisamente los que han hackeado la justicia se aprovechan de esos puntos débiles para someterla a sus intereses espurios.
Pero muchos que están todo el día leyendo Ell Debate, Okdiario, escuchando a Alsina o a Carlos Herrera, lo que propone técnico de primer nivel que conoce la justicia española a la perfección, además de las particularidades de la europea, les parece una monstruosidad porque les han estado diciendo durante décadas que la justicia española funciona muy bien.
Ni fascismo, ni antifascismo, uno tiene derecho a ser parlamentario y otros a partirle el cráneo, los extremos se tocan.
Zapatero sale en defensa de Aznar después de que Hugo Chávez le insultara (2007) vs Milei insulta a Pedro Sánchez y Feijóo sale en defensa del Presidente de Argentina (2024)
twitter.com• 2007. Zapatero sale en defensa de Aznar después de que Hugo Chávez le insultara. • 2024. Milei insulta a Pedro Sánchez y Feijóo sale en defensa del Presidente de Argentina. La diferencia entre la clase de uno y otro y el saber estar a la altura de las circunstancias.
#31 ¿Atar a la justicia? Ese comentario huele a "equidistancia" de la del tipo de Carlos Alsina, desde la Luna.
¿Y tú crees que un problema tan complejo de resolver como es la independencia judicial, teniendo en cuenta las centenares de singularidades que presenta la justicia española, con respecto a sus homólogas europeas, se solucionan simplemente con un sorteo de jueces y ya está?
¿Y a qué achacas la enorme desproporción de jueces conservadores con respecto al resto de la población? ¿No habría que modificar los procedimientos de acceso a la judicatura para que también los POBRES, si tienen cualidades, pudieran entrar en ese cuerpo de funcionarios de élite tan endogámico?
Porque ese es precisamente uno de los grandes problemas. Que algunos de los trepas de esta facción más ultramontana y ultraconservadora se ha dejado seducir por los corruptores del PP, que posteriormente los promocionarán a los niveles superiores de la judicatura y así poder prevaricar a lo grande.
Que personajes tan abyectos y rodeados completamente de la más absoluta corrupción, como Esperanza Aguirre, ni siquiera hayan sido imputados es algo tan improbable como que te toque el gordo de navidad, a no ser, claro, que seas una grande de España y seas del PP madrileño. ¿O qué decir de ese misterioso M. Rajoy que nuestro tierno García Prevaricón aún no ha podido dilucidar su verdadera identidad?
Por fí, si te refieres a los pringaos que opinamos por aquí que no tenemos ni para hacer cantar un ciego, deja de escribir gilipuerteces.
Ojo, que esos son solo los costes de las operaciones, no los costes de ingresos y medicamentos
que se puede mejorar, pues claro!!! Pero sobre todo por nuestros queridos dirigentes que cada día diversifican sanidad hacia la privada.
Buen aporte para dar en los morros a todos esos subnormales que se creen que con su nuevo seguro de 40€ al mes ya no tienen necesidad de pagar y exigir una sanidad pública de calidad.
Si quereis sanidad privada aquí tenéis los precios
twitter.comSi quereis sanidad privada aquí tenéis los precios. Cataratas, retina, prótesis de cadera, de rodilla y otros muchos precios.
Queipo de Llano ha sido el ser más abyecto, deleznable y miserable que ha pisado este país en los últimos cien años, y mira que la competencia es muy alta.
Dentro de lo terrible, cruel, represiva, despótica y asesina que fue la dictadura aún podemos dar "gracias", con todas las comillas del mundo y que se me entienda, que fue Franco y no este infraser, me niego a llamarle persona, quien tomo el poder.
No quiero ni imaginar lo que hubiera sido este país en manos de ese psicópata de manual.
Historiadores de la UV, la UJI y la UA critican la "Ley de Concordia" del PP y Vox por "acientífica"
lavanguardia.comLos departamentos de estas universidades denuncian que contiene “graves carencias científicas por el desconocimiento de los fundamentos básicos de las cuestiones que aborda”
"""""Denuncian que la valoración histórica “sesgada y tendenciosa” de la ley de concordia “demoniza la democracia española de los años 30 como una época 'convulsa', llena de 'dinámicas de enfrentamiento' y de 'violencia social y política', hasta llegar al extremo de definirla como 'catástrofe' equiparable a una sangrante guerra civil y una dictadura de 40 años”.""""
Los que han elaborado este casposo, acientífico, carente de toda metodología, preámbulo de la ley a parte de ser unos fascistas, son tan ignorantes que se creen que el resto de la población y los organismos internacionales son tan ignorantes como para que se traguen todo este cúmulo de monstruosidades ideológicas e historiográficas.
Tenemos un problema enorme, pero de dimensiones colosales, con un partido el Partido Popular que además de ser una organización de delincuentes profesionalizados y especializados en el asalto de los recursos públicos, son una panda de nostálgicos del franquismo.
Para desgracia del votante conservador que aún le queda un ápice de pensamiento crítico, y el resto de demócratas que sufren las consecuencias de su obtuso voto, el único partido que aspira a gobernar teniendo en cuenta sus supuestos intereses, que eso habría que verlo, es una organización criminal de estructura piramidal-mafiosa y que, allá por donde pasa, lo corrompe absolutamente todo.
#11 Yo ya lo hago, en la medida de lo posible, mi banco es CaixaPopular, mi distribuidora de luz es SomEnergia, compro en Consum, etc.
Si lo hiciese más gente, no habría oligopolio eléctrico, bancario, etc.
#13 """No debe ser totalmente libre"""
Por fi, ¿podrías decirnos DÓNDE en nuestra ley se afirma que el aborto es TOTALMENTE LIBRE? ¿O, según tu singular criterio, LOS ACTUALES SUPUESTOS DE LA LEY IMPLICAN UN ABORTO TOTALMENTE LIBRE?
Vox resucita su protocolo antiaborto en Castilla y León e intentará persuadir al PP para activarlo
eldiario.esEl vicepresidente de la Junta recuerda a los 'populares' que la medida forma parte del acuerdo de Gobierno y que "sería una magnífica noticia para las mujeres" su aplicación
#9 Los fiscales, como no podría ser de otra manera, no pueden estar en el cuerpo judicial porque no son jueces, PERO PERTENECEN AL PODER JUDICIAL.
Los fiscales no dependen jerárquicamente del gobierno. El único que es elegido por el gobierno en concordato con parte del parlamento, concretamente una comisión, es el fiscal general, que ostenta la jefatura superior y es la representación del Ministerio Fiscal. Este señor es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.
Tu reinterpretación de la sugerencia para la introducción de procedimientos legislativos de enjuiciamiento con estándares europeos indica que te sientes extremadamente cómodo con el palanganeo y mamoneo actual, en el que un intocable juez prevaricador hace y deshace a su antojo para decidir sobre quién abre una causa y en qué momento.
#3 Has pasado el artículo por el enfermizo filtro de tu sesgo. Luego lo has mezclado con aportaciones de tu cosecha que no son mencionadas en el artículo en absoluto, dando lugar al típico gazpacho de ideas inconexas, la típica confusión de culos y témporas de manual que se produce en la mente de escuchador de noticias de la derecha mediática y, finalmente, lo has convertido en detritus inutilizable......
Hacen falta muchos años en la fachosfera para lograrlo tan eficazmente.
Mis felicitaciones.
El Consejo General del Poder Judicial no será ni parecido al actual
diario16plus.comLa principal novedad es que no se va a contar, para nada, con el parecer de las asociaciones judiciales conservadoras las cuales han sido beligerantes con la izquierda y a las que se consideran responsables del bloqueo del CGPJ por parte de la derecha conservadora durante cinco años y medio por la postura maximalista que mantienen tendente a que sean los jueces los que designen a los vocales en elección directa. Se manejan otras alternativas parecidas a las vigentes en los países europeos.
""""Nuestro sistema jurídico es el único del mundo que permite ejercer la acusación penal a cualquier persona, física o jurídica, pese a no ser víctima ni afectada por el delito cuyo castigo se solicita. Esta singularidad está consagrada en el artículo 125 de la Constitución como una forma de participación ciudadana en la Administración de Justicia, pero no se encuentra suficientemente regulada en la ley, lo que ha dado lugar a su utilización torticera por parte de partidos políticos y entidades opacas como Manos Limpias. El histórico de querellas sin fundamento presentadas para desprestigiar a personajes públicos bajo la forma de acusación popular es largo. Y, al igual que ocurre con la iniciación de oficio por parte del instructor, puede que el proceso finalmente no prospere, pero una vez presentada la querella, el daño reputacional está hecho. Regular de forma razonable esta institución, estableciendo límites lógicos y consecuencias para quienes abusan de ella, resulta fundamental de cara a garantizar así que sirva a su propósito original."""
Es evidente que los parásitos han hackeado el sistema aprovechándose de sus puntos débiles y de la gran relación riesgo beneficio que supone acusar impunemente a alguien cuando las consecuencias de ser inciertas prácticamente son inocuas.
Cuatro medidas para evitar el lawfare
eldiario.esPrimera: la superación de la figura del juez de instrucción en favor del fiscal investigador y el juez de garantías. Segunda: Regular el ejercicio de la acción popular. Tercera: Recuperar la responsabilidad civil de jueces y magistrados por sus propios actos. Cuarta: Transformar los juzgados en tribunales de instancia para que los jueces recién incorporados a la carrera lo hagan de forma colegiada dentro de las salas de justicia de las audiencias y tribunales.
Cuando la ultraderecha llega al poder, el derecho al aborto es uno de los primeros que es atacado. Ocurre en EEUU, Italia, Polonia, Argentina... Y en España ocurriría seguro. Con Vox escindido del PP, en una negociación para formar gobierno, pueden ponerlo como condición sine qua non.
La justicia es un pudridero de soplones, espías, prevaricadores, delincuentes, conspiradores, delatores, instigadores, golpistas, ultraderechistas, amotinados, informadores, totalitarios, sediciosos, sublevados e incluso criminales.
Esta cuadrilla de forajidos no puede elegirse entre ellos y además habría que cesar a todos esos altos funcionarios que han colaborado para reventar los secretos de las instrucciones y avisar a los delincuentes para que puedan borrar las pruebas de sus delitos.