El Juez José Castro: “El PP es un partido corrupto hasta la médula. Tiene una corrupción institucional que arranca desde la matriz del partido, que arranca desde Génova. No existe ya un grado superior de corrupción…”

Juan Carlos Peinado había ampliado el secreto de las actuaciones, a pesar de que la Guardia Civil había entregado un informe en el que señalaba que no hallaba indicios de delito contra la mujer del Presidente del Gobierno.

Niños asesinados en el conflicto palestino-israelí desde el año 2000 hasta hoy.

[C&P] El juez que investiga las actividades profesionales de Begoña Gómez se saltó el propio secreto de sumario que había acordado para entregar documentos de la causa que estaba secreta a Vox que está personado en la causa como acusación popular.

Hay cuatro detenidos pertenecientes a tres empresas diferentes que acudieron a la vivienda de la víctima durante cuatro años para venderle los mismos productos una y otra vez a un precio muy por encima del mercado. Las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia interpuesta por un familiar, en la que observaba varios cargos en las cuentas, algunos de financieras, que la víctima no sabía explicar.

Los expertos aseguran que no debería haber dado ningún dato personal, y menos con la causa bajo secreto de sumario. A priori, un juez no puede hacer púbicos los datos personales de ciudadanos anónimos que simplemente acuden como testigos, como es este caso, ya que no son personas de pública notoriedad como podría ser un político o un empresario del Ibex 35. Pero es que las fuentes van más allá y dicen que, “si el propio magistrado ha decretado el secreto de sumario, los datos personales no pueden trascender”.

Solo en una distopía de hormigón como Madrid pueden llamar a esto playa': despiporre y memes tras un tuit de Almeida

Sumar y Unidas Podemos han registrado sendas Proposiciones de Ley para resucitar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que decayó la pasada legislatura. La reforma de la Ley Orgánica 4/2015 sobre la protección de la seguridad ciudadana, bautizada como ley mordaza, es una de las tareas pendientes del Gobierno de Pedro Sánchez tras caer en saco roto la legislatura pasada. Ahora, Sumar y Unidas Podemos presionan para resucitar una polémica iniciativa que en sectores de la Policía Nacional ven como una “miserable provocación”.

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a pagar a un paciente los gastos médicos por su ingreso en pandemia durante 35 días en la UCI de un hospital privado con neumonía bilateral tras ser dado de alta en uno público. Para el Supremo, se trata de un caso de riesgo vital con necesidad inmediata de asistencia médica, supuesto excepcional que contempla el reembolso de dichos gastos, y que el paciente al acudir a la sanidad privada no hizo un uso abusivo de servicios ajenos a la sanidad pública

Eva Cárdenas compró la vivienda en 2019 por un valor superior a 600.000 euros, sumando así propiedades a su ya extenso patrimonio

Familiares de fallecidos en las residencias de mayores y activistas en defensa de la Sanidad Pública y Derechos Humanos han lanzado la nueva asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores, con el objetivo de "esclarecer" lo ocurrido en estos centros de toda España durante la pandemia. Asimismo, ha señalado que su propósito es "emitir una radiografía real de la organización, medios técnicos y humanos, protocolos con los que contaban las residencias, así como la gestión realizada por las direcciones de las Residencias, Centros de D

La presentadora de 'La hora de La 1' destaca el "elemento diferencial" del acoso que han vivido durante años Pablo Iglesias e Irene Montero: "Hubo medios que publicaron bulos, les difamaron y colaboraron asediándoles día tras día con informes que se demostraron falsos", ha recordado en TVE

La Junta de Chamberí acaba de emitir una resolución por la que concede a Alberto González Amador dos meses para la legalización de las obras de reforma integral que efectuó sin permiso municipal en la casa del distrito que comparte con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.En la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, el Ayuntamiento de Madrid indica que puede solicitar una licencia que ampare las obras de acondicionamiento parcial y obras exteriores en su vivienda. Sobre estos trabajos pesaba orden de cese.

Tildar de inusual la instrucción judicial del juez del caso de Begoña Gómez, no solo sería quedarse corto, sino ser benevolente a más no poder. Hablamos de un juez que abrió diligencias saltándose la doctrina del Supremo, que ha emitido una providencia llena de ‘lloros’ contra el fiscal porque, al parecer trabaja mucho y se interesa por el procedimiento y ha decretado un secreto de sumario, pero no ha dudado en dar documentos a las partes y ordenar emitir una nota de prensa poniendo los nombres y apellidos de los testigos a los que ha citado

Consuelo García del Cid y Mariaje López, víctimas del Patronato del régimen Franquista, han explicado el maltrato que sufrieron por parte de las religiosas. La historia que relata Consueloes sobrecogedora, sobre todo, por la manera en la que ocurrió: "No me di cuenta de nada, abrieron la puerta de mi cuarto y me dijeron que me iban a poner una vacuna y a las 24 horas me desperté en otra habitación distinta".

'Lo que más duele de una amenaza...': así ha reaccionado Gabriel Rufián al vídeo de un energúmeno increpando a Iglesias y Montero

También se deja constancia de que la persona que se encuentra en la vivienda en el momento de la inspección prefiere no identificarse y que no dispone de ningún “título administrativo que habilite las actuaciones realizadas”. En ese momento ya se le advierte de que la realización de obras sin ningún tipo de permiso podría suponer una infracción urbanística y en su caso un ilícito penal. Al finalizar la visita esa persona, que rehúye identificarse, insiste en que hay registrada una declaración responsable

La denuncia penal hecha el pasado viernes explica que tanto Javier como Karina Milei incurrieron en los delitos previstos en el art. 173 (defraudación), art. 174 (fraude contra administración pública), art. 248 (abuso de autoridad), art. 260 (malversación de caudales públicos), y concordantes del Código Penal. La causa fue sorteada y cayó en manos del juez Ariel Lijo.

"Y desprestigiando todo nuestro entorno, siempre que pueden. Nuestro entorno familiar. Así que ante ese señalamiento, lo digo una vez más: me gusta la fruta. Muchísimo", recalcaba Ayuso. Las redes no han dejado pasar por alto el insulto de Ayuso, y no tan tardado en responder con un aluvión de críticas. "Madre mía, qué nivel", apuntaba un usuario. "Ni argumento, ni programa ni política. Solo ofensa, ataque y bulos", señalaba otro. "Feijóo diciendo el otro día que ellos son más de diálogo y de proponer que de faltar e insultar..."