Libertad de establecimiento La directiva «sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas» se opone a que los datos recabados a efectos de la lucha contra la delincuencia grave se utilicen en investigaciones administrativas relacionadas con la corrupción en el sector público.
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Así los criminales podrán invertir sus beneficios ilícitos en empresas legales y quedará blanqueado el criminal.