Las memorias de Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la II República, fueron robadas durante la Guerra Civil y recuperadas en diciembre pasado. Fueron recuperadas por los historiadores Jorge Fernández Coppel y César Vidal, y por agentes de la Brigada de Patrimonio de la Guardia Civil, el pasado 5 de diciembre. Pero en lugar de poner los documentos a disposición judicial, la Guardia Civil los envió al Gobierno, concretamente al Ministerio de Cultura. Ha trascurrido un mes, y el material sigue en manos del Gobierno.
Comentarios
Retiene ? Para comenzar, deberíamos de decir, que esos documentos primero tienen que ser catalogados, ya que hay correspondencia oficial de Alcalá-Zamora como presidente de la II República y eso lleva un tiempo.
Amarilla
¿Recuperados? El hijoputa de César Vídal pretendía comprarlos para sí, por fortuna la Guardia Civil estaba al loro y abortó la operación, luego se inventó la excusa de que los quería comprar "para recuperarlos" para así evitar enfrentarse a un posible proceso por un delito de receptación. Para recuperarlos lo denuncias, hijoputa, no los compras.
En fin. Voto "errónea" porque me parece que el "amarillismo" es otra cosa totalmente distinta, y porque "manipulación flagrante" no existe como categoría para votar negativo...
#2 César Vidal estaba en colaboración con la Guardia Civil, ya que se necesitaba a una persona para que el vendedor cayera en la trampa.
#3 ¿Alguna prueba de eso que sostienes? Lo digo porque afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, y la inducción al delito en España no sólo no es un sistema válido para obtener pruebas en un proceso, sino que además es un delito en sí misma.
#4 Un enlace que salió aquí en menéame a los pocos días, en el que se contaba con todos los detalles, como se había logrado recuperar los documentos, ya que la GC necesitaba un cebo para que el vendedor picara.
60.000-euros-memoria-alcala-zamora-como-rescataron-papeles-perdidos-do/best-comments
60.000 euros por la memoria de Alcalá-Zamora: cómo...
larazon.esSecuestro es la palabra adecuada. La incautación de bienes robados debe ponerse a disposición judicial. El juez debería decidir (aplicando la Ley) qué hacer con esos documentos.
Imaginemos que se aprehende un alijo de cocaína y la Moncloa ordena a la Guardia Civil que sea depositada en el despacho del Presidente para su estudio: ¿Un poco raro sonaría esto no?