Casarse o tener hijos ya no podrá ser un motivo de expulsión para los universitarios chinos. A pesar de ello, la normativa anima a las universitarias embarazadas a abandonar sus estudios "para garantizar su salud". En 2005, el Gobierno chino abolió una legislación de 1990 que obligaba a los universitarios que quisieran contraer matrimonio a dejar los estudios, mientras que las estudiantes que quedaran embarazadas debían abortar para continuar con su formación universitaria. No obstante, seguía permitiendo a las universidades expulsarlos.