El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido ha rechazado la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Constitucional sobre los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, acusados por el Tribunal Supremo de un delito de estafa y falsedad mercantil, que el Constitucional considera probado, pero prescrito. Según dijo, discrepa "radical y profundamente" de esta resolución, porque, además de que "permite a los acusados quedarse con el dinero de la estafa", no protege a las víctimas.
Comentarios
A esto llamo yo In-justicia... por que cada dia que pasa, creo mas firmemente que deberían destituir a todo el tribunal constitucional y someter a todo nuevo miembro a un detector de mentiras, para asegurar su imparcialidad?
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por los siglos de los siglos, amén......
VERGUENZA les tenia que dar