Desde el 1 de julio, todos los usuarios domésticos con hasta 10 kW de potencia contratada con la tarifa regulada por el Gobierno deberían pasar a depender de una empresa comercializadora que les seguirá aplicando una tarifa establecida por el Ministerio de Industria. Sin embargo, buena parte del alrededor de un millón de usuarios que no dependen de las grandes distribuidoras que operan en España no serán traspasados a una de las cinco comercializadoras que aplican esta tarifa, sino a algunas de las que operan con tarifas del mercado libre.