La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, ha alcanzado el 10% del capital social de Telefónica y ha culminado el mandato del Gobierno trasladado a finales del año pasado, según ha informado en un comunicado. En concreto, la SEPI ha adquirido un total de 567.016.155 acciones con un precio medio de 4,0295 euros por acción, por lo que el importe de la operación asciende a casi 2.285 millones de euros.
Comentarios
#3 #4 no, te olvidas de las ampliaciones de capital y los dividendos de estos años. El profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Sánchez Mato, cifró en 23.900 millones de euros, el dinero que el Estado había dejado de percibir por salirse de Telefónica
Desde la privatización total, Telefónica ha tenido un beneficio neto de 95.058 millones y ha repartido a sus accionistas en dividendos el 66% de esta cifra, 62.781 millones. De ese importe, el 31,86% habría sido para todas y todos si no la hubiésemos malvendido. Más de 20.000 millones habríamos percibido por la participación del 31,86% que PSOE y PP privatizaron entre 1995 y 1997.
#3 dale una vuelta a eso que acabas de escribir.
#5 te da una pista.
#5 ya puestos a meter cosas (tienes razón, los divide dos son muy relevantes) habría que calcular lo que el estado "generó" usando el dinero de la venta, hay que considerar el coste de oportunidad de no haber tenido ese dinero entonces.
¿ Podemos calcular lo que hubiese pasado si no hubiésemos conseguido bajar el déficit a lo que nos pedía europa y no nos hubiesen dejado entrar?
Recordemos que el PP
regalóprivatizó Telefónica en 1997, cuando se desprendió del 20% que aún poseía la SEPI por 3.786 millones. Ahora recompramos el 10% por 2.285 millones.#2 Por entonces cotizaba a unos 15 euros y ahora lo han recomprado a 4, así que negocio redondo para el estado
#2 supongo que lo dices porque aplicando el IPC o el interes.legal del dinero el gobierno actual ha comprado por muchiiiiiiisimo menos lo que vendió el PP ¿no?
Si el gobierno no hubiese cambiado la ley, no tendría que estar vertiendo dinero en Telefónica.