UGT presentó un recurso 'in extremis' al entender que las empresas que han cometido infracciones “muy graves” no puede recibir adjudicaciones públicas. El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha tenido que paralizar a última hora y contra su voluntad la puesta en marcha prevista para este martes del nuevo contrato de externalización de las ambulancias de transporte sanitario programado o no urgente…
“La central ha recordado en un escrito al OARC que la normativa estatal prohíbe formalizar contratos con empresas sancionadas por la Inspección de Trabajo por infracciones “muy graves” y remarcan que la principal contratista privada de ambulancias, la catalana Grup La Pau, tiene ya desde hace varios meses un primer expediente con esa calificación. Se trata de un caso que agrupa, a su vez, cinco denuncias de retrasos en el pago de nóminas a sus trabajadores…”
Después existe también un contrato de transporte sanitario urgente, las ambulancias amarillas. Valorado en 147 millones* de euros, entró en vigor el nuevo contrato el 1 de agosto de 2023 y lo gestionan las mismas empresas, también Grup La Pau como principal referencia en Álava y en Bizkaia. Esta compañía ha incorporado como gerente a Ibon Etxeberria, que fue alto cargo del Gobierno y que tuvo que dimitir en la pandemia por saltarse las restricciones para controlar la COVID-19 cuando fue a jugar a golf. Grup La Pau tiene 500 vehículos operativos (240 afectados por el contrato actual) y 1.700 trabajadores.
* (el otro contrato, el de la noticia, es de 135 millones)
Es una paralización cautelar como indica el último párrafo:
“…finalmente Osakidetza ha paralizado de modo cautelar el nuevo contrato hasta que se determine si efectivamente Grup La Pau no puede optar a adjudicaciones públicas.”
#2 Cuando ponen condiciones leoninas para licitaciones públicas que parece que estuvieran hechas a medida de empresas amigas para realizar trabajos como la evaluación de las ayudas, no se toman tanto tiempo en determinar quién opta y quien no.
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Añado dos párrafos:
“La central ha recordado en un escrito al OARC que la normativa estatal prohíbe formalizar contratos con empresas sancionadas por la Inspección de Trabajo por infracciones “muy graves” y remarcan que la principal contratista privada de ambulancias, la catalana Grup La Pau, tiene ya desde hace varios meses un primer expediente con esa calificación. Se trata de un caso que agrupa, a su vez, cinco denuncias de retrasos en el pago de nóminas a sus trabajadores…”
Después existe también un contrato de transporte sanitario urgente, las ambulancias amarillas. Valorado en 147 millones* de euros, entró en vigor el nuevo contrato el 1 de agosto de 2023 y lo gestionan las mismas empresas, también Grup La Pau como principal referencia en Álava y en Bizkaia. Esta compañía ha incorporado como gerente a Ibon Etxeberria, que fue alto cargo del Gobierno y que tuvo que dimitir en la pandemia por saltarse las restricciones para controlar la COVID-19 cuando fue a jugar a golf. Grup La Pau tiene 500 vehículos operativos (240 afectados por el contrato actual) y 1.700 trabajadores.
* (el otro contrato, el de la noticia, es de 135 millones)
Es una paralización cautelar como indica el último párrafo:
“…finalmente Osakidetza ha paralizado de modo cautelar el nuevo contrato hasta que se determine si efectivamente Grup La Pau no puede optar a adjudicaciones públicas.”
#2 Cuando ponen condiciones leoninas para licitaciones públicas que parece que estuvieran hechas a medida de empresas amigas para realizar trabajos como la evaluación de las ayudas, no se toman tanto tiempo en determinar quién opta y quien no.