Los servicios sociales son un derecho, no un negocio. Es un hecho probado en todas las latitudes que la privatización de los servicios que garantizan derechos básicos solo acarrea: un aumento de los costes para los usuarios; obstáculos a menudo insalvables para la universalidad de su acceso; y degradación de su calidad; esto sí, garantizando a sus gestores privados pingües beneficios.
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