El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) abre la puerta a que los ciudadanos puedan exigir responsabilidad patrimonial a la Administración por los efectos adversos sufridos tras la vacuna del Covid-19. La sentencia, de este 3 de mayo, condena a la Administración (concretamente al Servicio Extremeño de Salud) a indemnizar con 40.000 euros a una mujer que sufrió trombosis y quedó con "secuelas y padecimientos" tras la inoculación de la vacuna de Janssen.
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