El caso, Virginia Occidental contra la Agencia de Protección Medioambiental, es el resultado de una estrategia coordinada de varios años por parte de fiscales generales republicanos, activistas legales conservadores y sus financiadores, varios de ellos vinculados a las industrias del petróleo y el carbón, para utilizar el sistema judicial con el fin de reescribir la legislación medioambiental, debilitando la capacidad del poder ejecutivo para hacer frente al calentamiento global.
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Algo tremendamente inquietante está ocurriendo en la que, por ahora, es la nación más influyente del mundo para que se tomen por mas valiosas las ideas mágicas que las científicas.
Es lo que ocurre cuando en puestos tremenda relevancia, tanto de la justicia como de la política, llega una caterva de perturbados mentales que creen en seres imaginarios.
Traducción de parte del artículo con DeepL:
El caso Virginia Occidental contra la E.P.A., nº 20-1530, también es notable por la maraña de conexiones entre los demandantes y los jueces del Tribunal Supremo que decidirán su caso. Los demandantes republicanos comparten muchos de los mismos donantes que están detrás de los esfuerzos para nominar y confirmar a cinco de los republicanos en el tribunal: John G. Roberts, Samuel A. Alito Jr., Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh y Amy Coney Barrett.
"Es un movimiento de pinza", dijo Lisa Graves, directora ejecutiva del grupo de vigilancia progresista True North Research y antigua funcionaria del Departamento de Justicia. "Están preparando a los abogados para que lleven el litigio ante los mismos jueces que eligieron a dedo".
El patrón se repite en otros casos climáticos presentados por los fiscales generales republicanos y que ahora avanzan por los tribunales inferiores: Los demandantes cuentan con el apoyo de la misma red de donantes conservadores que ayudaron al ex presidente Donald J. Trump a colocar a más de 200 jueces federales, muchos de los cuales están ahora en posición de dictaminar sobre los casos climáticos en el próximo año.
La victoria de los demandantes en estos casos significaría que el gobierno federal no podría restringir drásticamente las emisiones del tubo de escape debido al impacto de los vehículos en el clima, a pesar de que el transporte es la mayor fuente de gases de efecto invernadero del país.
El gobierno tampoco podría obligar a las compañías eléctricas a sustituir las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles, la segunda mayor fuente de contaminación del calentamiento del planeta, por energía eólica y solar.
Y el poder ejecutivo no podría tener en cuenta los costes económicos del cambio climático a la hora de evaluar si se aprueba un nuevo oleoducto o un proyecto similar o una norma medioambiental.
Sobre el proceso de nombramiento de los jueces para conseguir la mayoría conservadora:
Historia de las guerras judiciales por el aborto en EE.UU
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twitter.com¿¿Y los demócratas no tienen a nadie en la industria del petróleo??
Que llevan 20 años invadiendo países y organizando guerras por petróleo