El Estado está en un aprieto. Los recortes a las primas de las energías `verdes´ aplicados desde 2010, pero con especial dureza con la reforma de la Ley Eléctrica de 2013, han provocado una avalancha de demandas ante organismos internacionales y ha afectado a la imagen de España como país seguro para invertir. Ante la grave situación, la Administración podría desempolvar las iniciativas que el propio sector de las energías renovables defendió antes de los recortes, en el año 2009.