En 2013, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunciaba una solución para las polémicas participaciones preferentes de las cajas rescatadas que causó mucho malestar en el sector financiero, ya que implicaba al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), nutrido con aportaciones de los propios bancos. El proceso, finalmente, ha desembocado en un gasto de 113 millones de euros para los contribuyentes, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).