Desgraciadamente la ley es demasiado laxa en estos casos. El primer paso debería ser expulsar a todos los agresores del centro, y que tengan que ir a otros (a ser posible, diferentes centros). El segundo paso que las familias asuman una indemnización económica a la familia del agredido. El tercer paso (opcional, pero recomendable), una temporada recogiendo fresas en Huelva de sol a sol, para que sepan lo que vale un peine.
En primer lugar, ese gasto no se lo creen ni ellos. No han puesto el coste de los traductores, que será bastante más.
En segundo lugar, justificar un despilfarro innecesario de dinero público citando otro despilfarro mayor no tiene sentido. Es como decir que un beso no consentido, o una bofetada, no son nada, porque hay otras mujeres que mueren asesinadas. A ver si hablando en idioma progre se entiende mejor el símil.