"Garantizaremos la asistencia sanitaria pública de todos los residentes en Galicia, que serán manejados en las condiciones que marca el nuevo Programa de Tuberculosis". El pasado septiembre la Consellería de Sanidade presentaba en Compostela la actualización del programa de prevención y control de la tuberculosis, una "reestructuración de los recursos y procesos" con los que, señalaba la Xunta, se ofrecerían "consultas sin demora" y se evitarían "ingresos innecesarios" al tiempo que se procuraba un "ahorro potencial de un millón de euros por año". En aquella presentación se hizo especial hincapié también en la importancia de las siete unidades de tuberculosis que existen en Galicia, que pasarían a convertirse en "referencia" para los tratamientos. En ningún caso la información facilitada por Sanidade dejaba entrever que en estos procesos fueran a actuar empresas personales. Pero así será.

El Servizo Galego de Sáude (Sergas) acaba de iniciar el procedimiento para contratar un "servicio de intervención para garantizar el cumplimiento de los tratamientos antituberculosos" enmarcados en este programa. Así, no será directamente el personal de la sanidad pública, sino el de la empresa que resulte ganadora del concurso que ahora se inicia, quien "realice todas las intervenciones dirigidas a garantizar el cumplimiento" de estos tratamientos, según figura en el pliego de condiciones del contrato.

Concretamente, la empresa adjudicataria se encargará de gran parte de la supervisión y control de los tratamientos, algo que por lo tanto no le corresponderá a las Unidades de Tuberculosis, que sólo "supervisarán" estos proceso. De este modo, será la compañía personal la que, por ejemplo, se encargue de la "elaboración de informes técnicos sobre las necesidades asistenciales y sociales de cada paciente con tuberculosis". A partir de ahí tendrá que "diseñar las estrategias de busca de información más útiles en cada caso" y "completar la información en un cuestionario predeterminado para la correcta descripción socio sanitaria de los casos".

En este contexto, los datos que obran en poder del Sergas serán gestionados por manos personales para gestionar bases de datos sobre la enfermedad o elaborar "protocolos de actuación personalizados para la supervisión del tratamiento (...) en cada caso". Además, a la empresa le corresponderá la "realización de las actividades necesarias para llevar a cabo (...) el plan de actuación por la Unidad de Tuberculosis correspondiente", elaborar "informes periódicos de la evaluación de la actividad realizada y de los resultados" de cada enfermo y "informar a la Unidad de Tuberculosis" de la "detección de problemas en la cumplementación del tratamiento". La labor de la empresa que logre la adjudicación se completará con el envío de sus informes al Servicio de Control de Enfermedades Transmisibles, dependiente de la Consellería de Sanidad, que será, en última instancia, la propietaria de la documentación.

Segundo consta en la propia documentación este servicio será contratado por un plazo de un año que es posible prorrogar. Para privatizar estas funciones de supervisión y control el Sergas reserva 294.343,60 euros que, una vez aplicado el corresponsal 21% de IVA, llegan a los 356.155 euros. De esta cantidad 29.679,64 euros saldrán de los presupuestos de 2012 y los restantes 326.476,11, de los de 2013.

Relacionada: el hospital no niega el retraso y dice que el medicamento no está autorizado, pero se administra en Lugo http://praza.com/movementos-sociais/2399/o-hospital-de-santiago-evita-negar-o-atraso-de-seis-meses-en-tratamentos-de-cancro/ La Xunta no dice nada, simplemente.

TRADUCCIÓN AL CASTELLANO

La abiraterona es un potente fármaco contra el cáncer de próstata. De reciente aparición -en los Estados Unidos, por ejemplo, comenzó a emplearse en 2011- resulta eficaz en las personas que sufren este tipo de tumor y afectados por una metástasis -extensión la otros órganos- pero no responden a los "tratamientos convencionales", esto es, la otros principios activos empleados en los tratamientos de quimioterapia. Diversos hospitales del Estado, entre ellos el Lucus Augusti de Lugo, administran ya la abiraterona por estar ya probada su eficacia para frenar la dolencia y para incrementar las ratios de supervivencia. Pero esto no sucede con normalidad en el Clínico de Santiago (CHUS), donde por lo menos tres pacientes oncológicos llevan ya seis meses esperando por este principio activo. ¿La razón? Su precio.

Quien lanza esta alerta es la Asociación de Usuarios do Servizo de Oncoloxía (Auso) de este centro hospitalario, hasta hcace bien poco considerado una referencia en el tratamiento del cáncer. Los profesionales del prestigioso equipo oncológico del hospital vienen recomendando desde hace seis meses, según denuncia Auso, que la abiraterona sea administrada. Pero precisan que la dirección del hospital autorice el gasto y esta se viene "negando sistemáticamente", aunque esto suponga "contravenir la opinión médica", censuran. La presidenta del colectivo, Montse Recalde, considera "evidente", en conversación con Praza Pública, que son los motivos económicos los que están por detrás de este aplazamiento, sobre el que la dirección del centro hospitalario "nos dice simplemente que la Comisión de Farmacoterapia" del Sergas "aun no tomó una decisión a respeto de este medicamento".

Pero, es imprescindible a entrada en escena de este organismo? No. "Cuando esto sucede -explica Recalde- la dirección del CHUS" suele "autorizar la aplicación de este medicamento paciente por paciente", pero en este caso "no se autoriza". "ES la primera vez que pasa pero mucho nos tememos que pase más de ahora en adelante, por los recortes", lamenta, en un contexto en el que Auso lamenta que "la dirección del hospital de Santiago prefiera supeditarse a criterios económicos y ahorrar los 25.000 euros que viene costando un tratamiento de 8 ciclos por paciente". "Así lo constata el hecho de que ese tratamiento se administrara mientras fue gratuito, en el período de expansión previo a su comercialización, para suprimirlo después", abondan. "Nos preguntamos se gestores sanitarios y partidos de gobierno están dispuestos a sacrificar los enfermos más graves y costosos para tranquilizar los mercados", dicen.

Otras deficiencias del servicio
Si bien es la primera vez que se produce este tipo de aplazamientos en la administración de un tratamiento de quimioterapia las protestas de Auso no son inéditas. "Ya salimos varias veces a protestar por el funcionamiento del servicio", recuerda la presidenta de Auso, haciendo especial hincapié en el hecho de que muchas de sus reclamaciones "no cuestan dinero". Son, por ejemplo, la petición de "que se pusiera un teléfono de atención continuada" para enfermas de cáncer, "para evitar que ante las dudas que los asaltan en la casa" sobre, por ejemplo, la manera de administrarse una medicación, "tengan que desplazarse a Santiago", maís aún toda vez que por las vías de contacto telefónico común en el hospital de día del CHUS "no te cogen el teléfono", la causa de la gran saturación.

"El equipo médico es un gran equipo, lo que falla es la capacidad administrativa"

La diferencia de otro tipo de pacientes "un enfermo oncológico ya tiene todas las pruebas, lo que le pasa ya lo sabe" y, por lo tanto, la inexistencia de este canal de comunicación lo obliga a acudir al hospital y, "se tiene la mala suerte de que sea un viernes a partir de las tres de la tarde" o durante el fin de semana, "tiene que ingresar por urgencias" lo que, evidencia, es "ineficiente", porque se le realizarán exploraciones que ya le fueron hechas. El pasado mayo, en una junta con Auso, la dirección del centro "había quedado de poner un correo electrónico" para atender este tipo de consultas, "pero seguimos esperando", lamenta Recalde en un contexto en el que, recuerda, "el equipo médico" de Oncología del CHUS "es un gran equipo". El que falla, asegura, es la "capacidad" para resolver "cuestiones administrativas" o incrementar el personal al servicio de los pacientes.

[TRADUCCIÓN AL CASTELLANO]

No habían pasado ni veinticuatro horas desde que el presidente de la Xunta se esforzó en desmarcarse de las políticas del Gobierno central. "Los gallegos distinguirán entre el Gobierno central y yo", aseveraba Alberto Núñez Feijóo mientras el portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, ratificaba que ningún cargo estatal de la formación, ni el propio Mariano Rajoy, participaría en la proclamación del jefe del Ejecutivo gallego como candidato a la reelección. En este contexto trascendía este jueves una nueva mala noticia para los servicios públicos, pero también para las expectativas electorales de los conservadores. La Cadena SER revelaba que uno de los grupos de expertos que están asesorando al Ministerio de Sanidad tiene sobre la mesa la posibilidad de aplicar nuevos repagos por la vía de eliminar de la cartera "básica" de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) prestaciones como la reproducción asistida o las mamografías en determinados supuestos, entre otras. Y el presidente de la Xunta se vio forzado a tomar posición.

Al ser cuestionado por los periodistas sobre la opinión que le merecería una nueva oleada de recortes sanitarios Feijóo intentó evitar la cuestión alegando que desconocía los asuntos concretos que están tratando dichos expertos. En todo caso y ante una nueva pregunta el presidente tomó posición de una manera más o menos clara. "¿Si estoy a favor de las mamografías? Depende a qué edad", señaló, en un contexto en el que "decir se estoy a favor o en contra de las mamografías con carácter general" es algo "de imposible respuesta". "Creemos que hay que hacer screening de mama y por lo tanto estoy a favor de las mamografías", abunda, para a continuación matizar que "si me dice en mujeres que no tienen riesgo de padecer cáncer de mama, es otra cuestión". En todo caso no cree Feijóo que "deba" ser él "un experto en mamografías dentro de la política española".

Mientras la noticia de los posibles nuevos recortes ya corría por todo el Estado e incluso algunos consejeros de sanidad del PP, como el aragonés Ricardo Oliván, admitían la posibilidad de que los recortes lleguen también a las mamografías, en Galicia se producían también las primeras reacciones políticas, concretamente de la banda del BNG. A través de su portavoz en materia sanitaria, Ana Luisa Bouza, los nacionalistas echaron mano de la hemeroteca más reciente para ofrecerle al presidente una posible vía para compensar los nuevos recortes del Ministerio: dedicar a servicios sanitarios los casi dos millones de euros que, como avanzó Plaza Pública, destinó el departamento de Rocío Mosquera la una campaña publicitaria sobre medicamentos genéricos.

"Si el Gobierno gallego dispone de más de dos millones para costear la campaña puede y debe", en opinión de Bouza, "costear los servicios que van a quedar excluidos de la cartera básica". Feijóo, dice la parlamentaria del Bloque, debería declarara "insubmiso" ante un recorte que, "una vez más", perjudica especialmente a las mujeres, ya que "se está hablando incluso de servicios tan fundamentales para la salud de las mujeres como las mamografías". "No basta con afirmar que él no toma las mismas medidas que Rajoy, como proclama nos medios de comunicación, ni anunciar electoralmente que Galicia sí va a dar cobertura sanitaria a los inmigrantes sin papeles", señala Bouza, ya que "lidia la letra pequeña" queda "demostrado" que se trata de una "mentira electoralista".

La noticia íntegra, aquí [GAL] http://praza.com/politica/1313/o-pp-cre-que-pedir-seleccions-internacionais-e-converter-galicia-en-sudan-do-sur/
"Para la diputada conservadora María Seoane entre la Ley del Deporte de Galicia y la sentencia del TC no hay diferencia alguna a no ser que se realice una "lectura sesgada" del dictamen del alto tribunal. Esto es precisamente lo que hace el BNG, acusa, que desde su punto de vista ve la resolución judicial como "una puerta abierta" no a que la selección gallega juegue competiciones oficiales, sino "a su afán de convertir nuestra tierra en el Sudán del Sur", Estado independiente desde 2009.

[TRADUCCIÓN AL CASTELLANO]
Cuando un Ejecutivo cambia de color político se suele afirmar que sus nuevos responsables "no gobiernan" a efectos prácticos hasta que disponen de su propio presupuesto. También es un lugar común en política asegurar que la mayor o menor efectividad de un gobernante se mide en su diligencia a la hora de administrar y ejecutar las cuentas públicas. A pesar de ser tan comúnmente aceptados, estos principios se convierten en áridos conceptos y no menos densos debates a la hora de evaluar la eficacia presupuestaria de los gobiernos. Esto es precisamente lo que aconteció cuando la semana pasada el PSdeG, primero a través de su secretario general, Pachi Vázquez, y después por medio de su portavoz económica, María José Caride, acusaban a la Xunta de haber "trampeado" las cifras de déficit público dictando orden de cierre del ejercicio económico el 30 de septiembre de 2011 o, lo que lo mismo, no aceptando ningún compromiso de pago nuevo en el último trimestre del año. Las palabras de Vázquez y Caride desataron una airada reacción en el Ejecutivo, comenzando por el propio presidente, que no dudó en acusarlos de "mentir" y en calificar de "indocumentado" al líder socialista. Menos de una semana después la interventora general de la comunidad autónoma, Almudena Chacón, admitía, con matices, la veracidad de lo afirmado por el PSdeG.

Porque lo que está en discusión no es una oscura operación de despacho, sino una decisión reglada y publicada en el Diario Oficial de Galicia el propio 30 de septiembre de 2011 que, como ha detallado Praza Pública, supone que la Administración sólo pagada los compromisos de gasto ya adquiridos y deberes ineludibles, tales como el pago del transporte escolar o de las farmacias hospitalarias, entre otras. El que el economista Xabier Vence observa como una forma de "ficción contable" regresaba este martes al Parlamento. Caride retomaba el asunto en forma de pregunta en comisión; buscaba confirmar que la Xunta estuvo "materialmente cerrada" durante tres meses reclamando conocer "cuantos compromisos y deberes de pago" asumió el Ejecutivo nos últimos meses del pasado año.

Después de detallar que "entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre" la "Administración general y el Sergas asumieron "compromisos por importe de 1.981,3 millones" y tuvieron "deberes reconocidos" por 5.313 millones la interventora general señalaba que la orden de cierre del ejercicio es "un instrumento para ordenar las operaciones de cierre", pero también para "garantizar el cumplimiento del compromiso de estabilidad presupuestaria", esto es, cuanto antes posible se efectúe el cierre de las cuentas, más fácil es cumplir con los compromisos asumidos ante el Estado y por el Gobierno central ante la Unión Europea -en este caso, el objetivo de déficit era del 1,5% y la Xunta terminó en el 1,61%-. "Se publicó el 30 de septiembre para disciplinar el gasto", admite Chacón, quien además afirma que este procedimiento "no implica dejar de pagar", pero sí "que no se inicien nuevos expedientes de gasto".

"¿Cree usted, por lo tanto, que nos equivocamos cuando decimos que echaron la llave?", cuestionó retóricamente Caride en su turno de réplica. "Cerraron las puertas, que cada uno se quede con sus compromisos porque la Xunta no admite ninguno". Exceptuando compromisos inaplazables como el pago de las nóminas, dice la socialista, "en la segunda mitad del año pagaron 145 millones de euros", lo que quiere decir que "en plena crisis económica, cuando las empresas precisan más actividad y financiación, en lugar de dejarles tramitar las obras que ya tienen ejecutadas paralizan y cierran la posibilidad de emitir certificación alguna". "El motivo fundamental ya lo dijo usted", "se cambia" la fecha de cierre "para cuadrar las cuentas". "ES irresponsable quien lo cierra, no quien dice lo que dice el DOG", concluye.

"De mi intervención se deduce que el pago de facturas es una prioridad de la Xunta", retomó la interventora general, evidenciando que los pagos del Gobierno "se realizan una vez que se tienen comprobadas la realización de inversiones o de las actividades subvencionadas". Pero, en definitiva, se trata de "no iniciar nuevos expedientes de gasto" en los últimos meses del año "de cara al cumplimiento del objetivo de estabilidad". "Y con la situación de cumplimiento del objetivo lo que se observa es que no podemos asumir nuevos compromisos se queremos pagar lo que ya hemos asumido", esto es, la Xunta no ha pagado facturas nuevas para poder afrontar las viejas.