Las empresas que venden software y material informático a gobiernos que lo utilizan para controlar a su población y vigilar a la disidencia política se convierten en cómplices de graves violaciones de derechos humanos. (...) Se trata, por ejemplo, del suministro del software FinFisher a Baréin, con el cual su gobierno puede vigilar a distancia ordenadores particulares. Baste un recordatorio: activistas, reporteros y opositores políticos son vigilados, perseguidos, arrestados y, en algunos casos, también torturados en Baréin.