El titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla ha elevado una exposición razonada a la Sala Segunda del Supremo donde aprecia indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos contra el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, quien habría favorecido a medios de comunicación mediante la firma de convenios de colaboración que encubrían "contratos administrativos". El instructor sospecha que durante una década el político dio 20 millones de euros aproximadamente a medios locales.