Dos semanas después de su llegada a Bruselas, Carles Puigdemont y los cuatro consejeros -Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig están en libertad para que la justicia belga considera que su ingreso preventivo en prisión supondría para los cinco afectados "unos daños irreparables". El juez de instrucción que decidió la puesta en libertad del presidente y los cuatro consejeros el 5 de noviembre así lo subraya en su auto, un documento al que ha tenido acceso el ARA.
Se trata del auto de la consejera de Agricultura, Meritxell Serret, que es similar a la del resto de miembros del Gobierno exiliados. El juez afirma que los abogados de Serret lo habían advertido que el encarcelamiento con una fianza superior a los 1.000 euros que Serret tenía disponibles en ese momento "implicaría el ingreso en prisión a la espera del pago de la fianza", ya que la consejera "necesitaría contactar con gente en España" para conseguir el dinero. El juez concluye que "este hecho [el ingreso en prisión] implicaría para la interesada unos daños irreparables".
El magistrado -la justicia de Bélgica no hace público su nombre- deja claro que "no hay razones para pensar" que los cinco miembros del Gobierno "se sustraigan de la justicia belga" y subraya que tampoco "hay ninguna razón para dudar "que" colaborarán plenamente "con la justicia del país.
Sin peligro de destruir pruebas
La opinión del juez belga no deja margen a dudas de su confianza que los cinco políticos catalanes irán al juzgado cada vez que sea necesario y no huirán a ningún otro país. Y, aún más, en su auto el magistrado destaca que los miembros del Gobierno se entregaron voluntariamente y su puesta en libertad no supone ningún peligro. "No hay razones para temer que la interesada se quiera sustraer de la acción de la justicia, ni que intente hacer desaparecer pruebas, ni que intente actuar en connivencia con terceros", afirma contundente.
Las afirmaciones del juez belga contrastan con las de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, la magistrada que envió a prisión medio Gobierno y solicitó a Bélgica la orden europea de detención y entrega. Puigdemont y los consejeros "han viajado a Bélgica con el único fin de eludir las posibles responsabilidades que podrían tener en España", afirma Lamela en su demanda de la euroorden. La justicia belga, en cambio, considera que no deben estar en prisión preventiva, una decisión que se mantendrá durante todo el proceso judicial para decidir si Bélgica acepta tramitar o rechazar la euroorden.
Lamela insiste en que los cinco que viajaron a Bélgica -desplazamiento que hicieron antes de ser imputados y solicitados por la Audiencia Nacional- se "fugarse y refugiarse" en otro país y reclama el ingreso en prisión. "En ningún caso han huido, sino que se han trasladado a otra jurisdicción para tener un juicio justo", asegura al ARA Gonzalo Boye, abogado de Serret y Comín.
vigilancia policial
Puigdemont, Comín, Serret, Ponsatí y Puig se entregaron a la policía belga después de haberlo pactado con la fiscalía del país. El juez les impuso condiciones, como no salir de Bélgica sin permiso y tener un domicilio fijo. Hasta ahora, sin embargo, se había mantenido en secreto una medida recogida en el auto que ha obtenido el ARA: el presidente y los consejeros deben comunicar cada mañana a la policía "los desplazamientos que tienen previsto hacer ese día". La justicia belga quiere tener localizados en todo momento los cinco miembros del Gobierno, pero confía plenamente en su colaboración.
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TRADUCCIÓN: #1
Dos semanas después de su llegada a Bruselas, Carles Puigdemont y los cuatro consejeros -Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig están en libertad para que la justicia belga considera que su ingreso preventivo en prisión supondría para los cinco afectados "unos daños irreparables". El juez de instrucción que decidió la puesta en libertad del presidente y los cuatro consejeros el 5 de noviembre así lo subraya en su auto, un documento al que ha tenido acceso el ARA.
Se trata del auto de la consejera de Agricultura, Meritxell Serret, que es similar a la del resto de miembros del Gobierno exiliados. El juez afirma que los abogados de Serret lo habían advertido que el encarcelamiento con una fianza superior a los 1.000 euros que Serret tenía disponibles en ese momento "implicaría el ingreso en prisión a la espera del pago de la fianza", ya que la consejera "necesitaría contactar con gente en España" para conseguir el dinero. El juez concluye que "este hecho [el ingreso en prisión] implicaría para la interesada unos daños irreparables".
El magistrado -la justicia de Bélgica no hace público su nombre- deja claro que "no hay razones para pensar" que los cinco miembros del Gobierno "se sustraigan de la justicia belga" y subraya que tampoco "hay ninguna razón para dudar "que" colaborarán plenamente "con la justicia del país.
Sin peligro de destruir pruebas
La opinión del juez belga no deja margen a dudas de su confianza que los cinco políticos catalanes irán al juzgado cada vez que sea necesario y no huirán a ningún otro país. Y, aún más, en su auto el magistrado destaca que los miembros del Gobierno se entregaron voluntariamente y su puesta en libertad no supone ningún peligro. "No hay razones para temer que la interesada se quiera sustraer de la acción de la justicia, ni que intente hacer desaparecer pruebas, ni que intente actuar en connivencia con terceros", afirma contundente.
Las afirmaciones del juez belga contrastan con las de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, la magistrada que envió a prisión medio Gobierno y solicitó a Bélgica la orden europea de detención y entrega. Puigdemont y los consejeros "han viajado a Bélgica con el único fin de eludir las posibles responsabilidades que podrían tener en España", afirma Lamela en su demanda de la euroorden. La justicia belga, en cambio, considera que no deben estar en prisión preventiva, una decisión que se mantendrá durante todo el proceso judicial para decidir si Bélgica acepta tramitar o rechazar la euroorden.
Lamela insiste en que los cinco que viajaron a Bélgica -desplazamiento que hicieron antes de ser imputados y solicitados por la Audiencia Nacional- se "fugarse y refugiarse" en otro país y reclama el ingreso en prisión. "En ningún caso han huido, sino que se han trasladado a otra jurisdicción para tener un juicio justo", asegura al ARA Gonzalo Boye, abogado de Serret y Comín.
vigilancia policial
Puigdemont, Comín, Serret, Ponsatí y Puig se entregaron a la policía belga después de haberlo pactado con la fiscalía del país. El juez les impuso condiciones, como no salir de Bélgica sin permiso y tener un domicilio fijo. Hasta ahora, sin embargo, se había mantenido en secreto una medida recogida en el auto que ha obtenido el ARA: el presidente y los consejeros deben comunicar cada mañana a la policía "los desplazamientos que tienen previsto hacer ese día". La justicia belga quiere tener localizados en todo momento los cinco miembros del Gobierno, pero confía plenamente en su colaboración.