La asociación empresarial ha aprovechado una plataforma que existe desde hace más de 15 años, para reformarla y hacerla extensiva a todo el Estado español, y ha iniciado un convenio de colaboración con el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC) para tener soporte jurídico y apoyar en casos de intervenciones policiales contra el sector. El GIC fue registrado oficialmente como organización hace dos semanas y está en proceso de reunir a el mayor número de personas del sector para conseguir ser representativos de las demandas
